La propuesta legislativa, remitida por la Contraloría General de la República, señala que el ámbito de aplicación de la misma abarcaría a las entidades que pertenezcan al Sistema Nacional de Control, con exclusión de las personas jurídicas de derecho privado que reciban recursos públicos.
En los considerandos del predictamen se aclara que esa modalidad de ejecución no es por administración directa, sino de la ejecución directa de la entidad pública, sin la intervención de un contratista.
Así mismo, se requeriría que sea un tema estrechamente asociado a la gestión pública misma y a la inversión de recursos públicos, y su ejecución directa estará prohibida cuando el valor de la obra supere el monto que la Ley de presupuesto del Sector Público, de cada ejercicio anual, establezca para fines de licitación pública.
La congresista Esther Saavedra (DyD) destacó la importancia del documento para combatir la corrupción en la ejecución de obras, en las que participan ‘empresas fantasmas’ que no las concluyen, y propuso agregar una disposición para que la supervisión de los trabajos esté a cargo de un tercero.
La iniciativa de la CGR fue respaldada también por Yehude Simon (PP) y Cristóbal Llatas (NGP), quienes hicieron varias observaciones y sugirieron algunas modificaciones, que serán incluidas en un nuevo predictamen para ser sometido a consideración del grupo legislativo en la próxima sesión.
Supuestas donaciones
En la sesión se presentó el químico José Quequesana Condori, exasesor de la Federación de Mineros Artesanales, convocado para que informe respecto a presunta donación de varios miles de dólares hecha supuestamente por mineros informales de Madre de Dios a la campaña presidencial del Partido Nacionalista-Gana Perú, en 2011.
Pese a la insistencia de los legisladores, Héctor Becerril (FP) y Mauricio Mulder (CP), el invitado descartó toda participación directa o indirecta en esa ‘donación’, y reiteró en todo momento que su labor era de asesor en asuntos ambientales, y nada más.
Al inicio de la sesión, el titular de la Comisión informó que había solicitado al Ministerio Público copia del supuesto recibo que había firmado Daniel Abugattás (NGP) por la ‘donación’ recibida. La respuesta fue que el órgano jurisdiccional solo se tenía una copia xerográfica de un recorte periodístico en el que aparece un recibo ilegible, la misma ‘prueba’ que presentó el dirigente minero Víctor Chanduví a los miembros de la Comisión.
Wong Pujada informó que tampoco había respuesta de las empresas de Madre de Dios, a las que se ha consultado su participación en la recolección de dinero para armar la ‘bolsa’ que se habría entregado al PNGP.
Igualmente, dijo que se había logrado ubicar al sacerdote Pablo Zavala, supuesto testigo de la entrega de la contribución, y a otros diez mineros informales, y se estaba coordinando su presencia en la Comisión.
Amenazas de muerte
En otro momento de la sesión, el presidente de la Comisión anunció que coordinará con integrantes de la Comisión Agraria y representantes del Ministerio Público y de los ministerios del Ambiente, de Agricultura y del Interior, para visitar la región Ucayali, constatar las denuncias de actividades ilegales que vendría realizando una empresa extranjera en un área de 5,000 hectáreas, en las que ha plantado palma aceitera sin ninguna autorización ni estudios previos de impacto ambiental.
El anuncio, que contó con el respaldo explícito de los congresistas Yehude Simon y Esther Saavedra, lo hizo después de la exposición que hicieran Dolores Noriega y Yolanda Castro Najarro, pobladores de Ucayali, quienes en medio de lágrimas denunciaron amenazas de muerte contra ella y sus familiares, por haber revelado las actividades ilegales de la empresa Plantaciones Ucayali SAC, con la anuencia de las autoridades del gobierno regional y de algunos integrantes del Poder Judicial, presuntamente coludidos con los denunciados.
Según dijeron, ellas han sufrido el corte del alambrado que protegía sus propiedades, y se las quiere obligar a venderlas, para lo cual les han destrozado sus certificados de titulación.
Simon Munaro mostró documentos según los cuales un juez de la zona dictó una medida cautelar a favor de las denunciantes, dispuso suspender las actividades de la empresa e incautar sus maquinarias, pero la empresa apeló y hasta la fecha no hay un pronunciamiento definitivo.
Además, leyó un informe de la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios, del MINAG, por el cual denuncia la irregularidad en la adjudicación de las tierras a Plantaciones Ucayali.
Según las denunciantes, la titular de esa oficina, Celia Prado Seijas, “defiende a la empresa”, las acusa de oponerse al desarrollo de la zona y las insta a vender sus propiedades a Plantaciones Ucayali. Por ello, la Comisión pedirá informes al titular del sector sobre esa funcionaria.
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